De la crisis de las isapres a la reforma global de la salud

Los riesgos para el sistema privado

• Dos fallos de la Tercera Sala Corte Suprema de alcance general sobre las isapres –por tabla de factores y primas GES- impactaron la industria al ordenar la devolución a los afiliados de cobros en exceso y dejar sin efecto el reajuste de octubre pasado, respectivamente. Las sentencias agravaron la crisis del sistema, que experimentó un deterioro financiero histórico el año pasado. El Gobierno y el Senado están abocados a dar una solución a través de una ley corta en trámite, pero las dimensiones del problema requieren acordar una nueva estructura vía una reforma.

US$451
millones suman las devoluciones de las isapres, según el comité técnico.

La amenaza al sector prestador

El colapso de las isapres no solo impactaría a sus casi 3 millones de afiliados, sino que su migración forzosa al sector público obligaría a Fonasa a absorberlos en momentos en que enfrenta una fuerte presión para dar cobertura a sus 16 millones de beneficiarios. Además, la crisis de las isapres amenaza a los prestadores privados, especialmente a las clínicas, ya que más del 60% de sus ingresos provienen de esa industria. A su vez, este cuadro tiene repercusiones para la salud en su conjunto, ya que las clínicas realizan casi el 50% de las atenciones de pacientes del sector público, en momentos en que siguen creciendo las listas de espera.

La judicialización y atenciones pendientes

El paréntesis que implicó la pandemia para las atenciones habituales de salud, generó una oleada de prestaciones atrasadas. Las listas de espera siguen escalando con 2,3 millones de consultas de especialidad y 315 mil cirugías pendientes. “En el primer semestre murieron 19 mil personas sin lograr acceder a tratamientos”, señaló el senador Francisco Chahuán (RN).
Y, en las isapres, la creciente judicialización contra los ajustes de precios de los planes llevó al máximo tribunal a emitir tres fallos con un fuerte impacto sobre su estructura financiera.

Desafíos del Minsal

• La ministra de Salud, Ximena Aguilera, tiene en sus manos la gestión del sistema público, con coyunturas de alta conflictividad, como el cese de 6.800 funcionarios tras el fin de la emergencia sanitaria por la pandemia. También está a cargo de la reforma al sistema asegurador privado de salud que tiene como principal meta la promulgación de la ley corta antes que se aplique el fallo de la Suprema. “Nunca hemos planteado que la gente tenga que dejar el sistema privado. Lo que estamos haciendo es darle estabilidad al sistema y mejorar la complementariedad público-privada”, señaló la ministra.

Urgencia de cambio

Junto a la ley corta -“cuyos objetivos son cumplir el fallo, dar viabilidad al sistema y que nadie vea interrumpida su atención de salud”, dijo el senador Juan Luis Castro-, se volvió necesario discutir una reforma a la salud. Para ello, una comisión de nueve exministros trabaja en una propuesta que espera entregar en diciembre.